Haydeé Bravo
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (IUPSM)
ORCID ID: 009-0001-52785976
Coordinación.investigaciondpd@gmail.com
PARTE II
Al final de la Parte I de este artículo, se exponen las razones por las cuales la autora del mismo decidió realizar la investigación sobre “Descentralización y Participación Ciudadana en la Venezuela del Siglo XXI”. Ahora, en esta Parte II se incorporan aspectos de la metodología utilizada para obtener los resultados, se aportan estos últimos, y se formulan conclusiones.
En cuanto al aspecto metodológico, epistemológica y teóricamente la investigación se fundamentó en estudiosos de la teoría de acción humana (Argyris, 1999; Senge, 2000; Habermas, 2003) que plantea una perspectiva crítica e interpretativa sustentada en la comunicación y el aprendizaje organizacional como pilares básicos para construir una sociedad justa y libre. El escenario en estudio estuvo constituido por actores sociales de las Alcaldías y Consejos Comunales de los municipios: Libertador, ubicado en el Distrito Capital; Hatillo, Baruta y Plaza localizados en el estado Miranda; y Caroní en el estado Bolívar. Metodológicamente se utilizaron tres fases complementarias: documental, narrativa-interpretativa y constructiva.
Para ello se realizó el correspondiente análisis documental, se efectuaron observaciones, y se utilizaron grupos focales que aportaron información que se contrastó mediante la escalera de inferencia como instrumento heurístico. La investigación es cualitativa y su estrategia de referencia interpretativa se focalizó en la visión que al respecto aporta la Teoría Fundamentada, la cual permitió construir cinco categorías: formación de calidad, poder político, cogestión administrativa, convivencia pacífica y servicios públicos de calidad.
En cuanto a la primera categoría: Formación de calidad, se constató que la misma está vinculada a la subcategoría comunicación y sensibilidad humana. En el primer aspecto, comunicación, se plantea que en los servidores públicos y de la nación en general tal tipo de formación es posible lograrla mediante el uso oportuno de tecnologías de la información y comunicación (TIC), con la realización de cursos y talleres (presenciales u on line). En particular, el desconocimiento de qué es el Consejo Local de Planificación Pública por parte de quiénes son las autoridades de la institución para la cual trabajan, del organigrama, de la relevancia de las mesas de diálogo y de la descripción de cargos, constituyen elementos que representan una vulnerabilidad para el desarrollo de los procesos de descentralización y participación, en consecuencia, para la formulación de políticas públicas. En el segundo caso, sensibilidad humana, se genera la percepción de estímulos internos y externos, propiciadores de acciones de los ciudadanos y ciudadanas ante circunstancias que obstaculizan o limitan su participación en beneficio de la comunidad.
Respecto a la categoría Poder político, se relaciona con las subcategorías bien común y respeto a los derechos humanos, por lo siguiente: a) para el logro del bien común se requiere que se ejerza el poder político del Estado desde el punto de vista moral, cuya obligación debe ser el beneficio de la sociedad a través del respeto a los valores sociales, b) el respeto a los derechos humanos (DDHH) implica compromisos humanitarios y para ello se necesita de capacidades y libertades, mediante el compromiso ético de la sociedad, en busca de satisfacción de necesidades, lo que conlleva a dar respuestas a realidades de injusticia, discriminación y exclusión.
Por su parte la Cogestión administrativa se vincula a las subcategorías poder popular e interacción entre ciudadanos y administración, siendo esta categoría esencial porque tal tipo de cogestión requiere del poder popular para ejercer el control social de las políticas públicas, lo que genera bienestar en la población. Y para que se produzca la interacción entre ciudadanos y la administración, es primordial la cogestión basada en el principio de corresponsabilidad, razón por la cual se requiere de la comunicación efectiva y de la difusión y acceso a la información.
En relación a la Convivencia pacífica, la misma se conecta con las subcategorías tolerancia y saber escuchar. La tolerancia genera aceptación de ideas, pensamientos y comportamientos, cuya responsabilidad compartida deriva en convivencia ciudadana, aspecto este último esencial para la participación en asuntos públicos. A su vez, el saber escuchar implica convivencia pacífica, porque permite la atención de necesidades, genera solidaridad y propicia confianza y credibilidad.
Y sobre los Servicios públicos de calidad, se vinculan a las subcategorías desarrollo local y poder popular. Significa que con la existencia de servicios públicos de calidad se genera el desarrollo local, subcategoría a través de la cual se propicia la inclusión social, entre otros aspectos, mediante la satisfacción de necesidades prioritarias como el agua, los alimentos, la electricidad, el gas, la internet, fundamentalmente para fomentar el desarrollo económico y social; lo que contribuye a la erradicación de la pobreza. Por su parte, el poder popular es clave para lograr el fomento y fortalecimiento de la participación ciudadana en tanto elemento central para la transformación de la realidad venezolana, principalmente porque su finalidad es garantizar la vida y el bienestar social del pueblo. En la medida que el Estado cuente con mayor disponibilidad de recursos asignados para satisfacer servicios públicos de calidad, existirán más posibilidades de bienestar y satisfacción del bien común.
En la investigación se plantea que, acorde a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999 vigente), la descentralización ha sido creada como política pública para abrir espacios donde lo que se espera es que la sociedad y el gobierno del Estado establezcan relaciones abiertas y tomen decisiones conjuntas en procura de un objetivo común: la conformación de un Estado Federal descentralizado. Sin embargo, respuestas obtenidas de los entrevistados ponen de manifiesto que la apertura de esos espacios se ve restringida, en parte, porque la comunicación tanto en Alcaldías y Consejos Comunales es poca. Tal característica desfavorece el aunar esfuerzos para llegar a entendimientos y acuerdos propiciatorios del desarrollo de políticas públicas, con la previa identificación de necesidades; impide el establecimiento de relaciones “abiertas” para la toma de decisiones en pro del bien común, porque se desconoce quiénes son las autoridades designadas para ello y no se delegan responsabilidades. Evidencia de las situaciones planteada constituyen las opiniones recabadas durante las entrevistas realizadas a trabajadores de organismos como los mencionados, quienes expresan: “No tengo idea, ni siquiera conocemos quién es el concejal nuestro, a ese nunca se le ha visto la cara, ni ha mandado a nadie para que dé la cara por él. Sé que los concejales electos por los circuitos deben garantizar el bienestar de sus comunidades y para nada cumplen con eso.”(entrevista, a DV, Alcaldía de Caroní, Edo. Bolívar, 12/08/2021), “ignoro en qué condiciones se encuentran los planes sociales, especiales y sus respectivas ordenanzas” (entrevista a M. E. M. jefe de comunidad, Consejo Comunal, municipio el Hatillo, sector Gavilán, estado Miranda). En este sentido, cabe destacar que la Teoría de Acción de Chris Argyris plantea que el aprendizaje se da cuando detectamos un error. Para este autor, el error es cualquier discordancia entre lo que esperamos y lo que ocurre. También lo define como la discordancia entre las intenciones y los resultados.
No obstante, el resultado o lo que ocurre en Venezuela, es una marcada tendencia hacia la centralización; y las discordancias observadas aluden: a) debilidad en la capacidad de gestión del Estado para propiciar la participación ciudadana y la formulación de políticas públicas, b) hay muy poca participación ciudadana, por cuanto en un período de crisis e inestabilidad de las instituciones, es complicada la generación e implementación de políticas públicas con regularidad, d) la cultura de la administración pública se caracteriza por llevar una agenda limitada en relación a políticas vinculadas con el crecimiento económico, a través de los ingresos petroleros, y se ha apostado muy poco por la atención de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, e) el manejo de hábitos defensivos mediante amenazas en discursos y acciones orientadas a fortalecer la visión centralista del ejercicio del poder, aunque ésta se manifieste como una descentralización desconcentrada relacionando los procesos de planificación, desarrollo y participación ciudadana, con una propuesta de desconcentración y una nueva institucionalidad informal; evidenciada en las misiones y en la creación de las REDI (Región de Defensa Integral) y en una expresión de poder popular tutelado desde el Poder Ejecutivo Nacional, cuya forma organizativa está representada en los Consejos Comunales. Esta propuesta centralista se formula bajo la modalidad de disposiciones constitucionales, favorables a la descentralización, y leyes reformadas o pendientes de aprobación, para el fortalecimiento del modelo democrático y la opción de una descentralización cooperativa, esta última aun no desarrollada.
Participar es una obligación ciudadana. Sin embargo, se considera que estamos en presencia de un desconocimiento del poder popular que otorga la Constitución Nacional al órgano legislativo, sobre el gobierno y la administración pública para el establecimiento de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
En este contexto es pertinente acotar que, para la construcción de una nueva dinámica de la gestión pública, producto de los preceptos constitucionales de 1999, la información, la capacitación y la participación ciudadana, constituyen tres ejes impulsores de los procesos de transformación política, económica y social del país. Los dos primeros sirven de base para activar el tercero, en tanto facilitan la intervención del ciudadano en la formulación, control y evaluación de políticas públicas, y así poder crear las condiciones necesarias para un verdadero ejercicio democrático. En efecto, se deduce que los incentivos para abrir canales de participación ciudadana, que involucren efectivamente a la sociedad civil en la toma de decisiones, han sido débiles, de baja intensidad y no vinculantes u obligatorios, a pesar de que la misma en Venezuela constituye un postulado constitucional, el cual deberá ser incorporado en la gestión de los diferentes niveles de gobierno de la administración pública, lo que permitiría a las organizaciones sociales, convertirse en actores fundamentales de un proyecto de sociedad, en el que prevalezca la equidad y justicia social. De hecho, las opiniones emitidas por los 161 participantes en la investigación, permitieron identificar la existencia de una marcada separación entre la planificación institucional y la planificación comunitaria.
Venezuela requiere que sus ciudadanos tengan actitud, motivación y compromiso para llevar a cabo la participación solidaria, en pro de una conciencia de cambio. Es prioridad, que el Estado Federal esté basado en la negociación permanente entre la nación, los estados o entidades federales y entre éstos con los municipios, así como con los diversos sectores políticos, económicos y sociales. Sin duda, el país necesita del esfuerzo, del aporte y de una toma de conciencia generalizada por parte de las autoridades gubernamentales y de la sociedad civil en general. Una cosa es el deber ser y otra muy distinta lo que en realidad ocurre, porque al revisar cómo se están dando las prácticas de gestión en la administración pública del Estado, tomando una pequeña muestra de lo que sucede en las alcaldías y Consejos Comunales, se evidencia “apatía”, “desmotivación” y “desidia”.
Una buena administración es la que informa, escucha y responde; la que actúa de manera transparente, impulsa la participación de los ciudadanos, gestiona con rigor y asume plenamente sus responsabilidades. Sin embargo, al considerar los testimonios emitidos por funcionarios que trabajan y trabajaron en Alcaldías, los de personas que trabajan y trabajaron en Consejos Comunales, y diversas opiniones registradas en investigaciones previas a ésta, se evidencia que existe debilidad en la capacidad de gestión de la administración pública del Estado venezolano.
Saber comunicar con eficacia significa poder llegar a las personas, conectarse con ellas.
La comunicación es una actitud de apertura hacia el otro que implica disponibilidad para compartir, es decir, para dar y recibir. Durante la ruta investigativa se apreció que la poca difusión de información e invitaciones dirigidas a las comunidades por parte de alcaldías y Consejos Comunales, para participar en beneficio del bien común es un factor que debilita no solo la capacidad del Estado, sino que va en detrimento de la formulación de políticas públicas, porque restringe la participación ciudadana. El hecho, de que los ciudadanos y ciudadanas califiquen la comunicación de estos organismos como “mala”, es un indicador que permite considerar como deficiente las prácticas de gestión administrativa utilizadas y, por ende, las de la administración pública como tal.
Por otra parte, la obtención de indicios referentes a aspectos de interés para la gestión administrativa en Alcaldías y Consejos Comunales, como: estructura organizativa, descripción de cargos, organización de procesos y mesas de diálogo, es muestra fehaciente de que quienes en tales entidades se desempeñan carecen de suficiente formación básica a propósito de responder oportunamente a las demandas de la comunidad, así como a las exigencias del compromiso laboral adquirido con éstas.
La falta de recursos, el deterioro de los servicios básicos, el auge del desempleo y la mendicidad, los bajos ingresos y, en general, la insatisfacción de necesidades básicas de la sociedad venezolana, son también aspectos incidentes en la problemática que se viene exponiendo. Sin duda, estos indicadores ponen en evidencian, el deterioro de la calidad de vida y la demanda de acciones por parte de la sociedad ante la insatisfacción de necesidades.
Reconocer el derecho a la buena administración, más allá de los efectos jurídicos, es también un cambio de perspectiva en la forma de abordar las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Esto significa que el enfoque de prioridades ya no debe ser principalmente cómo actúa la Administración Pública, sino si se respetan o no los derechos de las personas. En la Venezuela del siglo XXI hablar de una buena gestión administrativa, y referirnos específicamente a la administración pública del Estado, es un factor que debe considerarse vinculado directa e indirectamente a la dinámica de dirección utilizada para la ejecución de los planes de la nación.
Durante la ejecución de la investigación llevada a cabo por la autora del presente artículo, se evidenció que la urgencia de la gestión administrativa se encuentra en la necesidad de generar cambios en la estrategia para llevar a cabo la forma de dirigir; por cuanto una cosa es lo que se planifica o establece en la Constitución y demás leyes de la República; y otra muy distinta es la que se da en la práctica. De hecho, las competencias y servicios que deben recibir los funcionarios públicos por parte del Estado venezolano para dar respuesta a las demandas de las comunidades, también se han visto obstaculizadas principalmente por la falta de recursos.
Respecto a esto último, en la investigación se puso de manifiesto que la administración del Estado requiere, para el logro de sus objetivos y metas, del manejo de específicos recursos. De ahí que mientras mayor sea el interés y la disponibilidad de recursos para mejorar y mantener la calidad de los servicios públicos, será posible satisfacer las necesidades de la población, y existirán más posibilidades, alternativas, u opiniones para generar bienestar y satisfacer el bien común.
Bajo esta mirada se concluyó que la descentralización se da realmente cuando se cede poder y el poder incluye autonomía, entre ésta, autonomía financiera y la participación ciudadana en acción. No sólo en la teoría explicita del Estado venezolano, sino también en instancias regionales.
En la medida en que las autoridades gubernamentales competentes sumen esfuerzos con la sociedad para atender los problemas que afectan al país, desde todos sus ámbitos de poder (económico, político, social, cultural, ambiental, militar e internacional), se irán fomentando y canalizando ideas que promuevan la formulación de políticas públicas. En particular, la descentralización debe ser valorada como un proceso que permite garantizar las obligaciones del Estado con el bien público y los derechos de la población, mediante el acceso estable y sostenido de los ciudadanos a bienes y servicios provistos por los gobiernos estadales y municipales, y la apertura de espacios de poder para que puedan intervenir en decisiones públicas que respondan a sus necesidades y demandas. Obviamente, se debe tener muy claro que para ello se requiere de eficiencia administrativa y económica, ante la asignación de recursos, los cuales son escasos en la Venezuela actual. Por lo demás, el país adolece de un marco legislativo que regule la transparencia y el acceso a la información pública. Se desconoce cómo el gobierno central lleva a cabo la transferencia de capitales y bajo qué esquema o patrón se guía para realizar los movimientos monetarios. En este sentido, las implicaciones para la participación ciudadana en la gestión administrativa y el proceso de descentralización del Estado venezolano, de acuerdo a los resultados de la investigación, son las expuestas a continuación:
a) Prestar suma atención a los detalles de implementación y aspectos de diseño institucional, a los fines de identificar las condiciones en las cuales se encuentran desempeñando funciones quienes trabajan en Alcaldías y en Consejos Comunales, para pretender que realmente puedan contribuir al beneficio de las comunidades, y coadyuvar al logro de una mejor asignación del gasto público y una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades nacionales y subnacionales.
b) Debe existir una definición clara de las responsabilidades del gasto a nivel de gobierno, con el objeto de procurar el que se puedan asignar las funciones en el ámbito gubernamental más descentralizado, con capacidad para cumplirlas.
c) Es prioridad fundamental que a cada uno de los gobiernos subnacionales le sean asignados recursos propios para que puedan asumir las responsabilidades adquiridas con los ciudadanos y ciudadanas, a los fines de poder atender de manera oportuna las demandas a necesidades que se susciten.
d) Procurar la coordinación de sistemas de transferencias que cubran el costo de provisión de los servicios asignados, y compensen a los gobiernos subnacionales menos desarrollados.
e) Urge la implementación efectiva de un marco de responsabilidad fiscal, con un compromiso creíble en cuanto a que los gobiernos subnacionales o locales fiscalmente irresponsables no serán rescatados financieramente por niveles superiores de gobierno.
f) Debe procurarse el desarrollo de las capacidades de gestión en cada uno de los ámbitos del poder público nacional, acordes con sus responsabilidades.
g) Es primordial el establecimiento de mecanismos que faciliten la transparencia y rendición de cuentas a nivel local o subnacional, tales como los programas de auditorías independientes que buscan reducir la incidencia de la corrupción en la utilización de las transferencias intergubernamentales.
Adicional a cada una de estas exigencias se sugiere considerar la implementación del uso de la fórmula DAO, ideada por la autora de la investigación, como estrategia base, en relación con el proceso de interacción entre la administración pública del Estado y la ciudadanía, en pro de una gestión administrativa con miras a propiciar la participación ciudadana e igualmente contribuir a generar, fortalecer y mantener el desarrollo de políticas públicas. Dicha fórmula significa Disciplina y Aprendizaje Organizacional, igual (=) a autoexigencia, más (+) comunicación, más (+) solidaridad, más (+) trabajo en equipo. Para ello se sugiere la creación de una campaña de concientización generalizada desde la escuela hasta las máximas instancias de la administración pública del Estado, con proyección hacia las organizaciones de índole privado. DAO involucra una estrategia orientada hacia el fortalecimiento de la calidad en la gestión socio productiva venezolana, partiendo de la prioridad que representa el manejo de tres elementos que son claves para el éxito de toda organización pública o privada; ellos son: actitud, motivación y compromiso.
En Venezuela es prioritaria la construcción de un modelo de convivencia pacífica, en donde se respete la igualdad y la solidaridad para cumplir las exigencias que promuevan la integración de los ciudadanos en todos los ámbitos de poder, especialmente en la Administración Pública, ya que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, ésta dejó de ser una función de cumplimiento exclusivo de los órganos del Poder Público, admitiendo la posibilidad de participación ciudadana en el ejercicio de la misma.
Referencias
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